España "rara avis" fiscal en Patrimonio

El anuncio del gobierno francés de que eliminará el impuesto de patrimonio a partir del 1 de enero de 2019 convierte a España en el único país de la UE en el que estará vigente un gravamen sobre la riqueza personal.

La economía española se quedará aislada del resto de Europa a partir del 1 de enero de 2019, al menos en lo que la fiscalidad se refiere. La ambiciosa reforma impositiva recién anunciada en Francia por el Gobierno de Edou-ard Philippe que incluye la supresión a partir de esa fecha del Impuesto de Patrimonio, en cumplimiento de una de las principales promesas que realizó durante su campaña el presidente Emmanuel Macron, dejará a España como el único país de la Unión Europea que mantiene un gravamen sobre la riqueza personal del contribuyente. Algo que sin duda constituirá una importante rémora para atraer inversiones de las grandes multinacionales procedentes de la relocalización forzada por la salida de Reino Unido del club comunitario.

España se ha quedado retrasada de un proceso de progresiva eliminación de este tipo de gravámenes en territorio europeo que inició Italia en 1992 y que posteriormente han continuado gobiernos de diverso signo político en Austria (1994), Irlanda, Dinamarca y Alemania (1997), Luxemburgo y Finlandia (2006), Suecia (2007), Grecia (2009) y Hungría (2010). Se da la paradoja de que el anterior Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero anunció su eliminación en el año 2007 con efecto a partir del 1 de enero del año siguiente para intentar reactivar la economía al principio de la recesión, pero lo recuperó con posterioridad para los ejercicios 2011 y 2012, aunque con un nuevo mínimo exento de 700.008 euros, para tratar de contener el desplome generalizado de la recaudación tributaria. Su efecto fue mínimo, pues los ingresos obtenidos por este impuesto pasaron de los 2.121 millones de euros obtenidos en 2007 a sólo 739 millones.

El PP, que se había comprometido antes de las elecciones de 2011 a "dejarlo morir" por boca del propio Cristóbal Montoro -ya que el PSOE lo recuperó con carácter temporal-, lo ha prorrogado de forma anual desde que volvió al Gobierno; primero para paliar la situación de emergencia presupuestaria que se encontró al inicio de la pasada legislatura y, posteriormente, para garantizarse el cumplimiento de los objetivos de déficit público, como reconoció en el programa de estabilidad enviado a Bruselas en octubre.

Y ello a pesar de que la comisión de expertos designados por el Ejecutivo para proponer las bases de la reforma tributaria instó de forma explícita a su derogación por "sus efectos negativos sobre el ahorro", su reducido impacto en la recaudación y debido a la doble imposición que provoca.

Según Antonio Barderas, director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar, "el Impuesto de Patrimonio es un tributo ideológico obsoleto, además de injusto y destructor de un ahorro que ya tributó por otros conceptos. En Francia se han dado cuenta de ello, dejando a España sola ante esta aberración tributaria".

Alivio presupuestario

Al ser un impuesto cedido a las comunidades autónomas, que sólo está bonificado en cuota al 100% en Madrid y al 50% en La Rioja, su prolongación ha beneficiado sobre todo a regiones como Cataluña (que preveía ingresar 465 millones el año pasado), Valencia (136 millones), Andalucía (88 millones) o Baleares (69 millones), que han dedicado esos recursos a taponar una parte de sus agujeros presupuestarios. De hecho, los ejecutivos autonómicos con déficits más elevados mantienen tipos marginales del Impuesto de Patrimonio desproporcionados como Extremadura (3,75%), Andalucía (3,03%), Asturias y Murcia (3%) o Cataluña (2,75%).

Pese a ello, el "socio preferente" del Gobierno, Ciudadanos, es partidario de su mantenimiento con un carácter censal, aunque propone que se apliquen unos tipos más bajos que los actuales pero que sean iguales en toda España y con un nuevo mínimo exento de un millón de euros, lo que implicaría una subida efectiva fiscal para los contribuyentes de las autonomías que actualmente lo bonifican.

En claro contraste, el primer ministro galo, Edouard Philippe, enmarcó la supresión del Impuesto sobre la Fortuna vigente hasta ahora y su sustitución por otro que grave solamente el patrimonio inmobiliario (excluyendo inversiones financieras, ahorros y otros valores mobiliarios) en el deseo de fomentar la inversión empresarial, reconociendo así el carácter antieconómico de este gravamen, cuyo tipo general en Francia es del 1,5%, la mitad del que aplican algunas autonomías españolas. Incluso Emmanuel Macron atacó con dureza durante su campaña para la Presidencia este tributo por provocar la huida de contribuyentes y emprendedores franceses. De hecho, la Hacienda del país vecino calcula que en la última década 850 grandes empresarios y profesionales del país han deslocalizado sus patrimonios a territorios limítrofes con regímenes fiscales menos confiscatorios. Un factor al que también apuntaron en su informe del año 2014 los expertos de la comisión para la reforma tributaria presidida por Manuel Lagares.

FUENTE: RICARDO T. LUCAS

EXPANSIÓN


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